El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha condenado a España a indemnizar con 23.000 euros al portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi por haber vulnerado su derecho a la libertad de expresión al condenarle a un año de prisión por injuriar al Rey.
Según el Tribunal la condena fue "desproporcionada" porque "una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el terreno del discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".
Las acusaciones por injurias a don Juan Carlos se remontan a febrero de 2003, cuando en una rueda de prensa Otegi llamó a don Juan Carlos "jefe de los torturadores", con motivo de una visita del Rey a Euskadi y de las denuncias de torturas realizadas por el director del diario Egunkaria, Martxelo Otamendi, tras su arresto.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco absolvió al líder de Batasuna al considerar que afirmar que el Rey es el "jefe de los torturadores", que "ampara la tortura" e "impone su régimen monárquico" al pueblo vasco "mediante la tortura y la violencia" son declaraciones "claramente ofensivas, impropias, injustas, oprobiosas y ajenas a la realidad", pero "las restricciones a la libertad de expresión se deben aplicar con un espíritu de tolerancia, sobre todo cuando se trata de crítica en materia política".
Frente a esos argumentos, el fiscal del Supremo, Luis Navajas sostuvo en su recurso de casación que "aún dentro de los límites amplios de la libertad de expresión, lo que no se reconoce ni ampara es el derecho sistemático al insulto". "Lo ofensivo está al margen de la libertad de expresión, que no protege lo vejatorio ni lo desproporcionado", arguyó Navajas.
El fiscal consideró muy cuestionable intentar igualar la figura del Rey a las demás figuras de la política, porque el Monarca "no gobierna, ni legisla, y carece de capacidad de injerencia". El representante del ministerio público pidió que la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco fuera sustituida por otra condenatoria, de 15 meses de prisión.
Otegi fue condenado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2005. La sentencia fue avalada por el Tribunal Constitucional que rechazó el recurso de amparo presentado por su defensa.
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